En España, miles de vigilantes de seguridad desempeñan cada día funciones esenciales para la protección de infraestructuras críticas, centros comerciales, hospitales, eventos deportivos, transportes, edificios públicos y privados. Sin embargo, pese a la relevancia objetiva de su labor, el reconocimiento jurídico, salarial y operativo que reciben no está alineado con el nivel de responsabilidad y riesgo que asumen.

La seguridad privada no es un complemento decorativo del sistema de seguridad pública; es un pilar estructural del mismo.

Un marco legal que reconoce funciones… pero no autoridad

La Ley 5/2014 de Seguridad Privada establece que los vigilantes de seguridad ejercen funciones de vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, así como la protección de personas cuando corresponda. Además, colaboran y cooperan con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Sin embargo, a pesar de esta colaboración directa y constante con la Policía Nacional y la Guardia Civil, los vigilantes no son considerados agentes de autoridad en el ejercicio ordinario de sus funciones.

Esta ausencia de reconocimiento genera una situación paradójica:

Se les exige intervenir ante delitos flagrantes. Se les obliga a asumir responsabilidades penales y civiles elevadas. Se enfrentan a agresiones físicas y amenazas. Pero su presunción de veracidad no tiene el mismo peso jurídico.

Un contexto de criminalidad creciente y mayor exposición al riesgo

Los vigilantes de seguridad trabajan en entornos cada vez más complejos: grandes superficies, transporte público, ocio nocturno, estadios, hospitales, centros conflictivos y eventos multitudinarios.

Cuando aumenta la criminalidad violenta o los delitos con violencia e intimidación, los primeros intervinientes en muchos escenarios no son siempre los cuerpos policiales, sino el personal de seguridad privada presente en el lugar.

Sin embargo:

Sus medios materiales son limitados. Sus pluses salariales no compensan el riesgo real. Sus agresiones no conllevan las mismas consecuencias penales que las sufridas por un agente de autoridad.

Esta desproporción es insostenible.

Ser agente de autoridad: una cuestión de coherencia jurídica

Reconocer a los vigilantes de seguridad como agentes de autoridad en el ejercicio de sus funciones no es una cuestión simbólica, sino estructural.

Implicaría:

Presunción de veracidad en actas e informes. Mayor protección penal frente a atentados y agresiones. Refuerzo de la autoridad operativa en intervenciones. Disuasión efectiva ante conductas violentas. Seguridad jurídica en la toma de decisiones.

Actualmente, el vigilante actúa en una zona gris: debe intervenir, pero carece de blindaje legal suficiente. Eso genera inseguridad operativa y aumenta el riesgo de denuncias estratégicas contra el profesional que simplemente estaba cumpliendo su deber.

Mejores condiciones laborales: no es solo salario

La mejora debe ser integral:

Actualización salarial acorde al riesgo real. Revisión de pluses de nocturnidad, peligrosidad y festividad. Refuerzo de formación continua en defensa jurídica y operativa. Dotación adecuada de medios técnicos. Protección legal reforzada frente a agresiones.

No puede exigirse profesionalidad de alto nivel con condiciones de baja cualificación salarial. La seguridad privada exige capacitación técnica, control emocional, conocimiento legal y capacidad de intervención proporcionada.

Eso debe reflejarse en el convenio y en la ley.

Seguridad pública y privada: un mismo sistema

El modelo moderno de seguridad es mixto. La colaboración público-privada no es una opción ideológica, es una realidad operativa.

Si el Estado delega parte de la protección de infraestructuras críticas, transportes, eventos masivos y edificios estratégicos en seguridad privada, debe dotar a ese personal del reconocimiento y respaldo jurídico adecuados.

No se trata de sustituir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino de reforzar el sistema en su conjunto.

Un vigilante respetado, protegido jurídicamente y bien formado no compite con la policía; la complementa.

Una cuestión de dignidad profesional

La dignidad profesional no se exige; se construye con reconocimiento institucional.

Los vigilantes de seguridad no piden privilegios. Piden coherencia:

Si asumen riesgo, que exista protección. Si ejercen autoridad funcional, que exista respaldo legal. Si colaboran en la prevención del delito, que exista reconocimiento jurídico.

España necesita una seguridad privada fuerte, profesionalizada y protegida.

Reconocer a los vigilantes de seguridad como agentes de autoridad en el ejercicio de sus funciones y mejorar sus condiciones laborales no es un gasto: es una inversión en estabilidad, prevención y orden público.

Porque la seguridad no se improvisa. Se estructura, se respalda y se protege.

Y quienes la garantizan también merecen ser protegidos.